La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) emitió este miércoles un comunicado en solidaridad con el expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, “quien es objeto de una sofisticada campaña de desinformación y desprestigio”.

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Desde la sede de la Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP, Jorge Arreaza dio lectura al documento, donde denuncia que dicha campaña “busca empañar la honorabilidad” del liderazgo exitoso de Zelaya en su nación.

“Por más de una década, fue capaz de dirigir la resistencia popular contra las dictaduras y las luchas sociales que condujeron a la recuperación de la democracia hondureña”, subrayó Arreaza.

En ese sentido, indicó que por más de cuatro décadas, Zelaya ha servido al pueblo hondureño, lo “que en 2006 le valió el triunfo electoral presidencial desde donde desarrolló una gestión destacada”.

“Desde entonces, el expresidente Zelaya ha sido perseguido por haber tenido la audacia de promover la Ley de Participación Ciudadana que dio voz al pueblo hondureño sobre asuntos que durante décadas solo decidía la clase política de ese país, así como por el coraje de incorporar a Honduras al ALBA, inaugurando con ello una nueva era para su país en el ámbito internacional”, precisó.

El secretario ejecutivo del organismo sostuvo que los ataques actuales al honor y la buena reputación de Zelaya, su entorno y del Gobierno que dirige la presidente Xiomara Castro, son un castigo por desobedecer a Estados Unidos, cuando falta poco más de un año para que el país centroamericano celebre las elecciones presidenciales.

“Es un castigo a través de prácticas extorsivas, frecuentemente utilizadas por las agencias de EEUU que consisten en conservar durante años evidencias de supuestos delitos, cuya comisión ha sido inducida por esas mismas agencias con la intención de hacerlas públicas en el momento en que más convenga dañar a los involucrados”, destacó.

El organismo ratificó además su defensa a la libre determinación de Honduras, la no injerencia y la continuidad del sistema democrático de ese país, que fue rescatado 12 años después del último golpe de Estado, cuando se instauró un régimen afín al narcotráfico.

El pasado martes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció que existe en marcha un plan para destruir su Gobierno socialista y democrático, y alertó que «las fuerzas oscuras de 2009 con la mediática nacional e internacional se reorganizan».

Previamente, el canciller Enrique Reina, había denunciado un intento de división en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) hondureñas, provocado por comentarios de la embajadora de Estados Unidos en su país, Laura Dogu, quien pretendió vincular al jefe de las FF.AA. con un presunto narcotraficante.

El hecho obligó a la jefa de Estado a redoblar esfuerzos para preservar la unidad de las FF.AA., y decidió finalizar el tratado de extradición entre Honduras y EE.UU.

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